La vista del hemiciclo del parlamento que ilustra estas líneas fue tomada el miércoles 12 de noviembre del pasado año 2008. Es la instantánea de una sesión muy importante tanto por quien participa en ella, la ministra de Defensa, sino por el tema que la ha llevado al Congreso a dar explicaciones de un suceso terrible: la muerte de unos militares españoles en Afganistán y de los que 24 horas antes se habían celebrado los funerales. Sus cuerpos, como descriptivamente se suele decir, aún estaban calientes.
Pues bien, obsérvense las filas de escaños, los de la derecha, es decir los de la oposición mayoritaria del PP, que eran ocupados por nueve diputados (entre ellos por Trillo, el ministro de cuando el Yak-42), de los de la izquierda no se puede dar el número porque no se ven, así pues cualquiera sabe si eran cinco o diez los compañeros de militancia de la ministra del PSOE que se habían preocupado en ir con igual interés que los patriotas del PP defensores de los “valores de la Patria” (aunque su jefe, Rajoy, en un descuido calificara de “coñazo” un patriótico desfile). Se ve, son mas los que ocupan las tribunas del público que los diputados a quienes pagamos para que defiendan los intereses de la ciudadanía, ¡en una sesión dedicada a conocer el porqué de la muerte de unos muchachos enrolados en el ejercito por ganar un salario y enviados a un matadero para cumplir unos compromisos compensatorios de la salida de la aznariana vergonzosa aventura en Irak!.
Ese vacío –recuérdese que son 350 los diputados- representa un intolerable desprecio que con demasiada frecuencia se repite. Son unos representantes de los ciudadanos generosamente pagados: su salario mínimo es de 3.996 €/mes que puede llegar a 6.500 en los “Vicepresidentes de Mesa” (los “Portavoces de Grupo”, 6.157 €), aparte de viajes y otras dietas y gabelas. ¿A cambio de qué trabajo?. Veamos, su periodo vacacional navideño último ha sido desde el 16 de diciembre de 2008 hasta el 10 de febrero de 2009, y habiendo sido la última sesión el siguiente 19 de igual mes de febrero, no han vuelto a ocupar sus escaños hasta el 10 de marzo (por “cortesía parlamentaria” con los participantes en las elecciones vascas y gallegas se han tomado esas nuevas vacaciones). La mayoría de los parlamentarios compatibilizan su “servicio público” con otras “actividades privadas” y así solo 45 de los 350 diputados tienen dedicación exclusiva; no es de extrañar por ello que el 20 % de tales representantes del pueblo soberano no hayan tenido actividad alguna hasta el pasado mes de noviembre.
Pero ¿es solo su presencia en el hemiciclo el trabajo de sus señorías?. Por supuesto que no; hay además comisiones y subcomisiones, pero eso ¿quién lo controla?, ¿tal vez los propios partidos?. Como referencia podemos informar de que solo se han impuesto cuatro multas por votar mal, pero ninguna por faltar a un pleno. Debería aquí, en este parlamento, establecerse el sistema de la identificación digital para las votaciones, al igual que ha tenido que poner en práctica en el italiano, porque mas de un caso se dado de votación por “delegación” del colega inasistente.
El espectáculo que los “padres de la Patria”, con el absentismo y hasta, en bastantes de ellos, desprecio al compromiso contraído con quienes depositaron su confianza en ellos, es no solo intolerable sino que debería ser punible.
Son varias las preguntas que podríamos hacernos y que afectan además de a la dedicación de los “elegidos”, a la propia naturaleza de esa moderna ágora: ¿es el actual parlamento algo así como una pantomima solo útil a los intereses de los partidos a que pertenecen sus diputados y no a los ciudadanos?, y ¿cuál es su independencia si sus acuerdos, que se supone son conformes a Derecho y respetuosos con la Constitución, según de donde proceden y por quienes han sido redactados, pueden ser echados atrás por otro poder, el Judicial, representado por el Tribunal Constitucional?, véase la situación, por ejemplo, del Estatut de Catalunya.
La independencia de los poderes del Estado no es solo que se garantice su existencia sino que se haga posible su operatividad y total eficacia con exigencia a quienes los integran y a sus servidores de dedicación, preparación y eficacia, además de inexcusable honestidad. Un Estado asentado en los tres pilares que lo justifican no puede permitir a uno de ellos, el legislativo, su inexistencia ya sea operativa o como independiente órgano creador o sancionador de normas democráticas, como tampoco una administración judicial, casi anulada en sus funciones por falta de medios y de dotación de personal y tocada de politización, pueda seguir siendo igualmente otra de las tres básicas columnas del Estado.
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