LA PRIMERA GRAN ESTAFA

La “dels matiners” fue sin duda la mas interesante de las guerras carlistas. No tuvo una muy concreta estructura militar, se escapó de un previo diseño marcado por la cúpula del partido, quien debería ponerse al frente –Cabrera- remoloneó hasta que no pudo eludir su obligación como capitoste/mito, y en definitiva sería un autentico alzamiento popular vertebrador de los numerosos voluntarios de la anterior que, inadaptados a la paz surgida en 1840, continuaban en armas tanto individualmente como en partidas que se hacían y deshacían acosadas por el ejercito o por la Guardia Civil recién constituida (y comandada en múltiples ocasiones por traidores al Carlismo que perseguían a sus antiguos compañeros).

Aquella rebelión de carlismo “distinto” y que duró de 1846 a 1849, con un rebrote en 1855, tendría como escenario casi exclusivo a Catalunya. ¿Por qué?, pues muy posiblemente por su propia atipicidad, tanto en su ideología no encasillada en la del carlismo primero, con un dinastismo nada exacerbado, religiosidad diluida y brotes de reivindicación catalanista, a lo que había que unir el pacto no escrito con los republicanos, también en armas, incluso en actuaciones conjuntas. Tal fue esa atipicidad que en 1848, y con fecha 10 de mayo, desde Burdeos los oficiales y jefes vascos exiliados y dispuestos a entrar en combate enviaban una carta al rey, a Carlos VI, solicitándole una aclaración sobre la línea política que seguía la Causa, porque la alianza con los progresistas, aunque transitoria, no la acababan de entender. (1)

La guerra, que había mantenido en jaque a numerosos efectivos gubernamentales para la represión de los carlistas (estos nunca serían mas allá de 8.500) concluiría en mayo de 1849 con una sucesión de hechos que parecen como diseñados para una caracteriologia del siempre mitificado carlismo: los días 24 y 25 de febrero serian fusilados el barón d´Abella y otros dos terratenientes mas que se decían carlistas “moderados” y que proponían, para defender sus intereses, el fin de la guerra, acusando incluso de “comunistas” a los voluntarios (la “comuna” de Paris fue el año anterior); el 23 de abril Cabrera abandona, se marcha a Francia y deja a su suerte a los combatientes, seguidamente Carlos VI -¡a buenas horas!- se decide por fin a entrar en Catalunya pero, como les ocurre a casi todos los borbones, es oportunamente descubierto por unos aduaneros franceses que le impiden el paso; la guerra está perdida, aunque pese al mensaje de Cabrera desde Francia para que se entreguen y se acojan a indulto los voluntarios, solo lo hacen y en dos tandas 283, de los que 28 son jefes y oficiales; la desesperada resistencia continúa, y los días 5 y 7 de mayo se producen los últimos combates de los hombres del heroico Tristany en Fornols y de //// en Folquer. La guerra ha terminado, y el general isabelino vencedor es Concha, muerto años mas tarde, en 1874, por los carlistas en la tercera guerra. Como se ve, lo que apuntábamos, la sucesión de hechos de siempre: traiciones, eliminación por los combatientes de ricos “moderados” solo interesados en su hacienda, borboneos inútiles y heroísmo del voluntariado.

“Los años grises del Carlismo”

Así fueron calificados los comprendidos entre 1849, fin de la 2ª guerra, hasta 1868. En ese largo periodo se produjo la fallida intentona de 1855-56, los esperpénticos y trágicos sucesos de Sant Carles de la Rápita (1860) en los que contrastó la dignidad del General Ortega -que fue fusilado por ser fiel a su compromiso- con el zascandileo del Conde de Montemolin que por salvar el pellejo llegaría a acatar a su prima Isabel –aunque ya estando libre denunciaría tal compromiso- pese a no estar en peligro la continuidad dinástica (vivían sus jóvenes hermanos Fernando y Juan, y su sobrino el futuro Carlos VII nacido en 1848) ni su propia vida, ¿quién cree que lo hubieran ejecutado?; después también vendría lo del frívolo Juan III, hasta llegar al mas sólido Carlos VII, pero éste ya era un Austria…

Fue, sí, una etapa “gris”, la primera en la que al Carlismo ya se le daría por acabado: prácticamente no había prensa, desde 1850, y durante varios años, solo se publicaría “La Esperanza”, los veteranos seguían siendo perseguidos por la Guardia Civil (de la que fue Director el general Zaratiegui, antiguo ayudante y biógrafo de Zumalacarregui) obedeciendo ordenes, de entre otros sucesivos ministros de la Gobernación, de González Bravo (en 1869 pasado al Carlismo), o incluso por el propio Ejercito (con distinguidos “pacificadores” como el antes carlista brigadier Llorens); el partido era ilegal, y a su único órgano impreso, el ya mencionado “La Esperanza”, se le exigió en 1866 el reconocimiento de Isabel Borbón, y de la Constitución, aparte de otras renuncias como a la violencia, y si no sería suprimido. El carlista era un partido ilegal, clandestino en toda la era isabelina.

La revolución del 68

Aquella decrépita “Corte de los Milagros”, asilo de vividores, e infame cobijo de una monarquía desde hacía siglos ya muerta, mechada de continuas asonadas cuarteleras para obtener grados, y con ejercito de quintas forzosas, acabó como Plutón devorando a sus propios hijos. Unos militares tan corruptos y arribistas como los surgidos tras la francesada, dieron el enésimo golpe militar y la hija de Fernando VII se hubo de marchar a Francia. Nadie lo sintió ni por ella ni por lo que le decían que representaba, pero sí se produjo la alarma general entre las clases bienestantes, es decir, entre los incipientes burgueses de una solo iniciada industrialización, los terratenientes surgidos de las desamortizaciones y el alto clero siempre satelizado respecto al poder.

Gracias a la democratización emprendida por aquél nuevo régimen de monárquicos vergonzantes presididos por Serrano –ex amante de la destronada-, el Partido Carlista fue legalizado, al mismo tiempo que se autorizaba a la Internacional a establecerse en España, aunque el Gobierno Provisional, fiel a su mayoritaria adscripción masónica, adoptaba numerosas medidas anticlericales, absolutamente antidemocráticas de las que tal vez las mas escandalosas sería la de la expulsión de los jesuitas junto con otras ordenes. También -lo que mas incrementó la enemiga de la jerarquía eclesiástica- suspendió el pago del Culto y Clero.

Todas esas medidas de aquél gobierno que a sí mismo se calificaba de progresista produjo el efecto que antes apuntábamos, el miedo, la alarma y misma reacción conspiratoria que siempre ha sido el santo y seña de quienes siempre han estado instalados en la riqueza y el poder en este país. Lo dice con una claridad completa Melchor Ferrer: “Y allí, con los carlistas, fueron a refugiarse los antiguos neocatólicos, que después de haber intentado destruir al carlismo, ahora estaban muy contentos de encontrarlo para poderse acoger a él” (2), y utilizarlo en su exclusivo beneficio, añadimos por nuestra parte.

A partir de entonces la situación del Partido Carlista cambió totalmente. El Carlismo contaba, además, con un jefe indiscutible, el jovencísimo Carlos VII con unas caracteristicas únicas para el buen éxito de los objetivos marcados: buena presencia, ambición e inexperiencia. Perfecto, podía ser maleable y manejable.

El desembarco de figuras, prebostes y jerarquías en el partido fue asombroso, al igual que su instalación en los puestos clave o inmediatos al rey. El primer Consejo de Carlos VII estaba formado por 56 personalidades de entre las que había 22 títulos, además de 12 militares, 2 diplomáticos y 20 escritores y asimilados. Era lógico que se diera esa amalgama, incluso con tanta aristocracia, puesto que se pretendía instaurar una monarquía y estamos en el siglo XIX, pero ¿quiénes eran los consejeros?. Pues había bastantes “conversos” de después del 68, como el marqués de Castilleja del Campo, gentilhombre de Isabel; el conde de Galve, hijo del duque de Alba; el marqués de Alós, con titulo isabelino de cuatro años antes, el marqués de Valdegamas, titulo concedido por la misma Isabel en 1846…, o militares tales como Vicente Diaz de Ceballos que tras la primera guerra reconoció a la usurpación, llegando a brigadier y en 1869 volvió al partido; el diplomático José de Marcoleta, ministro en la embajada de Dinamarca, también pasado al Carlismo tras producirse la Revolución, al igual que José Cavanilles, escritor. Solo nombramos a unos cuantos, pero había mas, como el neocatólico Antonio Aparisi Guijarro, del que ya hablaremos. También otros de una entrega fuera de toda duda, como el general Tristany, pero no estaba debidamente compensado el número de leales respecto del de movidos hacía el partido por la principal razón de volver a una España de “orden”, un orden que era “su” orden, y contra el que habían luchado tantos voluntarios desde 1833, un “orden” que quienes persiguieron y mataron a tantos carlistas ahora veían alterado o en peligro con el destronamiento de su hasta entonces reina.

La situación preagónica del partido cambió a una febril actividad. De una sola publicación –la ya mencionada La Esperanza- se pasó en los años 1868-1871., y según Navarro Cabanes (3), a 141, claro que muchas de vida efímera, y otras mas confesionales que políticas debido al desembarco producido, pero también muchas de indisimulada por autentica fibra como “L´ Ametralladora Carlista” (Valencia, 1871).

Igualmente libros y decenas y decenas de folletos en general exaltadores de la persona y virtudes de Carlos VII

¿Quién pagaba todo esto?, porque paraleladamente se estaba preparando una guerra. Nunca se dispuso de mucho dinero, pero aquellos que se pasaron al Carlismo algo darían para esa campaña de propaganda, aunque no, desde luego, la Iglesia, pese a la ostentosa adhesión de tantos obispos que hicieron del partido a ojos de sus enemigos un autentico baluarte eclesial. Dice Del Burgo: “En Roma, el cardenal Antonelli expresó sus mejores deseos para la causa, pero no aportó nada. Y lo mismo ocurrió con los obispos españoles, casi todos partidarios de Don Carlos” (4)

NOTAS

(1)- “Carlins i bandolers a Catalunya (1840-1850)”,, F. Sánchez i Agustí,, Sallent 1990

(2)- “Breve historia del legitimismo español”,, Melchor Ferrer,, Madrid 1958

(3)- “Apuntes bibliográficos de la Prensa Carlista”,, J. Navarro Cabanes,, Valencia s/a

(4)- “Carlos VII y su tiempo”,, J. del Burgo,, Pamplona 1994

NUEVO ESTATUTO: NUEVA BURLA AL PUEBLO Y AL PAÍS LEONÉS

La reforma recién aprobada del estatuto de la comunidad autónoma de Castilla y León no trae ninguna mejora a los obreros leoneses, ni a sus intereses (tampoco a los castellanos) ni traerá un bienestar para ellos ni un empleo de más calidad en estos momentos de precariedad laboral, tampoco favorecerá a las comarcas rurales leonesas en su lucha por un futuro y contra la despoblación, y por supuesto, sigue dando la espalda al pueblo leonés de cara a recuperar su histórico autogobierno. El único punto que consideramos positivo es el reconocimiento del idioma leonés aunque no basta con el reconocimiento simplemente sino que hay que protegerlo realmente en las zonas en que se conserva y fomentarlo, así como dar la oportunidad de aprenderlo al resto de leoneses e impulsar la creación de una academia de la lengua astur-leonesa conjunta con el resto de territorios de este habla (Asturias, Extremadura y Miranda). Pero hagamos un estudio exhaustivo del texto en cuestión.

Empezando con el preámbulo ya vemos como textos que se consideran el origen del idioma astur-leonés (como la Nodicia de Kesos) son apropiados para la lengua castellana sin hacer mención siquiera de la lengua a que pertenecen, lo que manifiesta el segundo plano que ocupa la lengua leonesa para PP y PSOE. Siguiendo en este preámbulo vemos como se intenta confundir la Corona de Castilla y León (que también incluía territorios como Asturias, Galicia, País Vasco, Andalucía, etc.) con la actual comunidad autónoma de Castilla y León. Se intenta por ejemplo así haciendo mención al "descubrimiento" de América, en que parece que los barcos hacia América saliesen del Pisuerga. Sobre la revuelta de las comunidades sólo nos cabe la pregunta de si Toledo está en la actual comunidad de Castilla y León, o si tierras en que se apoyó con fuerza como Murcia o Andalucía forman parte de esta autonomía, ya que es lo que se da a entender.

Por otro lado, permítasenos dudar de cuando se dice que esta autonomía es "respetuosa con la pluralidad que la integra", ya que es tan respetuosa y democrática que ni se nos permite a los leoneses decidir nuestro futuro ni a los treviñeses. Por su parte cuando se dice que su autogobierno se fundamenta en la constitución de 1978 cabría decir que es errónea dicha afirmación, ya que se fundamenta en un pacto entre UCD y PSOE que va contra la propia constitución, pues ésta recoge el derecho a la autonomía de las regiones o nacionalidades españolas, pero en 1978 esta comunidad no existía como tal sino que había dos regiones: León y Castilla la Vieja, que son las que hubiesen tenido derecho a la autonomía y no este bodrio inventado. Por otro lado creemos que este estatuto prueba más bien la inutilidad de la actual autonomía para el desarrollo de la Región Leonesa por mucho que se nos diga lo contrario, y sino veamos los datos económicos del País Leonés en comparación con el resto de España o cojamos el padrón de población en las tres provincias leonesas desde 1983, analicemos además esta autonomía desde una perspectiva obrera y veremos que desde 1983 no ha hecho sino crecer la precariedad laboral, la calidad del empleo y el paro, mientras que los empresarios han hecho el agosto a costa de los trabajadores.

No creemos que llegue el momento de reformar el estatuto, sino de dividir esta comunidad antihistórica en dos regiones: el Reino de León y la Castilla norte, y poner los cauces para que los propios trabajadores puedan controlar los medios de producción que ellos mismos trabajan y así sean éstos y la sociedad los beneficiados de la actividad económica y no cuatro familias como ahora. Así además surtirá efecto la interiorización que la sociedad ha hecho del respeto al medio ambiente y el desarrollo sostenible, ya que los actuales empresarios, ciegos por tener más y más capital son los que promueven proyectos como la Sama-Velilla que degradan nuestro medio ambiente, con la complicidad de la propia Junta.

Empezando con el articulado propiamente dicho choca que unas instituciones que presumen de la lengua castellana puedan conjugar tan mal un verbo y decir "Castilla y León es ..." A nadie se le ocurriría decir "Manolo y Pedro es electricista" se diría "Manolo y Pedro son electricistas", del mismo modo debe decirse "Castilla y León son ...". Por otro lado es descabellado decir que Castilla y León conforman una comunidad histórica y cultural, ya que su fecha de creación es 1983 (según eso la sociedad de hoy día está llena de prehistóricos) y culturalmente hay rasgos que diferencian a leoneses y castellanos, del mismo modo que hay diferencias culturales entre leoneses y gallegos o entre castellanos y aragoneses. Del mismo modo es curioso que asuma esta comunidad los principios de la actual Unión Europea, que no son sino los del capitalismo y hacer una Europa de los Estados y el capital frente a la Europa de los pueblos y los trabajadores que otros defendemos.

Respecto a los derechos reconocidos por este Estatuto que se han presentado como un gran logro hay que aclarar que no son otros que los que ya nos reconoce la constitución como españoles, es decir, no aporta ningún tipo de novedad. Respecto a los derechos sociales y dentro de ellos el derecho a la salud habría que recordar a los autores de este Estatuto que Benavente sigue sin un hospital, que el de Laciana sigue sin actividad prácticamente (por decisión de la Junta) y hay amplias zonas leonesas sin tener tan siquiera cerca una ambulancia de urgencias. En lo relativo a los derechos laborales el único derecho laboral que éste estatuto establece es el derecho de los trabajadores del País Leonés y de la Castilla norte a ser explotados por los empresarios. Por otro lado resulta llamativo que la Junta sólo vaya a promover la supresión de barreras de los discapacitados en los edificios públicos, ya que creemos debe obligar a las diferentes empresas a que así lo hagan o poner los medios necesarios para asegurarse de que los ciudadanos leoneses y los ciudadanos castellanos discapacitados accedan en igualdad de condiciones a todo tipo de edificios, transporte, etc.

Entrando en los deberes hay que reseñar que se obliga a los ciudadanos a respetar el medio ambiente, lo cual nos parece muy bien, pero ¿no debería ser también una obligación imperativa de esta comunidad autónoma? ¿O es que se van a fomentar proyectos como la Sama-Velilla porque la autonomía no tiene esa obligación de respeto al medio ambiente? Porque se habla de que se tiene "derecho a vivir en un medio ambiente ecológicamente equilibrado" pero no se recoge una obligación de la comunidad autónoma de obligar en su territorio a proteger dicho medio ambiente y fomentar la recuperación medioambiental de zonas con un entorno natural degradado.

Respecto al Procurador del Común permítasenos dudar de la supuesta independencia con que se supone va a actuar, ya que al ser elegido por las Cortes de Castilla y León esa independencia será más que dudosa, pues será consensuada su elección entre los dos grandes partidos, con lo que se verán excluidas las minorías y condenadas a una marginalidad indeseable.

En cuanto a la organización territorial exponemos nuestra queja sobre de quien debe ser la voluntad de crear comarcas, que con este estatuto reside en las Cortes de la Comunidad Autónoma, cuando nosotros creemos que debe ser por la voluntad simple de los municipios que quieran formalizar la institucionalización de sus comarcas, como así lo expusimos en nuestro plan de comarcalización del Reino de León.

Por otro lado, nos parece una barbaridad que la autonomía se atribuya en exclusiva la gestión de la cuenca del Duero, especialmente en materia de proyectos, ya que en ellos deberían tener una competencia los municipios que se viesen afectados por un proyecto o donde ya haya aprovechamientos. Esto parece más bien que es un trágala para la Región Leonesa al ser ésta la que más produce y aprovechamientos tiene y con esta competencia exclusiva de la Junta se garantiza que las comarcas leonesas no sacarán beneficio de tener en su territorio aprovechamientos hidroeléctricos o simplemente hídricos.

Por último, respecto al Bierzo, nos gustaría que esta pasase de ser una mera comarca para la Junta a que ésta pasase a proponer a las Cortes Generales que sea oficializada una provincia del Bierzo o de Ponferrada, que sería una continuación de aquella provincia de Villafranca del Bierzo que, junto a las de Zamora, León y Salamanca, formaba allá por 1822 el Reino de León. Respecto al nombre de dicha provincia cabe señalar que de llamarse "provincia del Bierzo" no deberían introducirse en ella territorios no bercianos como La Cabrera, la Maragatería, Laciana, etc. por lo que creemos que según el tamaño territorial que se le quisiese dar podría llamarse o bien "Provincia del Bierzo" (si solo incluye al Bierzo) o bien "Provincia de Ponferrada" (si incluye comarcas no bercianas que así pudiesen recibir un mejor trato administrativo).

Por todos estos motivos creemos que este Estatuto se queda igual de corto que el anterior, que no defiende los intereses de los trabajadores leoneses (tampoco de los castellanos), tampoco el de las comarcas leonesas de cara a tener un futuro, del mismo modo que no defiende el medio ambiente leonés ni el derecho del pueblo leonés a decidir su futuro libremente. Por todo ello:

¡¡NO AL ESTATUTO DE CASTILLA Y LEÓN!!

¡¡ESTATUTO LEONÉS Y AUTOGESTIÓN!!

EL PENSAMIENTO NAVARRO

Estos últimos días, estimulado por la lectura de un, para mí por lo menos, muy interesante libro he recordado una temprana mañana, soleada supongo, de un domingo de agosto de 1970. En aquella época yo estudiaba en Madrid y me encontraba en Iruñea compaginando el estudio de asignaturas pendientes para la convocatoria de septiembre, varias clases impartidas a estudiantes de bachiller para obtener algún pequeño beneficio y el ocio propio de las vacaciones.

En esa mañana, se oyó desde mi casa de la avenida de Carlos III, frente a Capuchinos, sobre el "Garaje Unsain" y muy próxima a la calle Leire en la que se ubicaba el periódico, un ruido tremendo, una detonación. Mi padre, sin apenas duda, exclamó: "¡el Pensamiento Navarro!". Y tenía razón. Una enorme explosión se llevó por delante los restos materiales de un periódico que otros, previamente, ya habían liquidado y vaciado de contenido expulsando a su valiente director, Javier María Pascual y rompiendo cualquier lazo con los propietarios morales del periódico: los carlistas.

Había seguido muy de cerca las tribulaciones de Javier María Pascual como director de un medio de comunicación que él mismo había convertido, sin apenas más medios que su capacidad, voluntad y relaciones personales, en pionero de una prensa que pugnaba por salir del agujero de más de treinta años de franquismo, plantar cara al régimen y servir de altavoz de unas reivindicaciones hasta entonces silenciadas.

La época lo propiciaba. Por el mundo corría un amplio espíritu libertario y reivindicativo, cuyo exponente simbólico más importante fueron los movimientos en pro de los derechos civiles en Estados Unidos, la liberación de las trabas generacionales, la libertad sexual; resumido en un símbolo: "mayo del 68". Hasta la encorsetada Iglesia Católica generó, con Juan XXIII y el Concilio Vaticano II, un potente movimiento de renovación.

En el Estado español el franquismo daba síntomas de agotamiento, no tanto por la capacidad de la autodenominada "oposición democrática", sino por el final del modelo autárquico y el comienzo de los movimientos paneuropeos y globalizadores. La tímida "Ley de Prensa" de Manuel Fraga, en 1964, fue un pequeño movimiento del régimen en tal sentido.

El carlismo, como movimiento político decisivo en la consecución de la victoria de los sublevados el 18 de julio de 1936 contra el gobierno de la 2ª República española y alejado, por otra parte, de los circuitos de poder del régimen, se encontraba en una situación de abatimiento total. A lo cual había contribuido poderosamente el propio régimen propiciando divisiones y querellas internas. En resumen, el carlismo estaba mal visto por la escasa "oposición democrática", por haber colaborado decisivamente con el ejército y resto de sublevados el 18 de julio de 1936 y por el propio régimen, por ser un protagonista muy crítico con su acción política y al que no podía desautorizar públicamente sin desautorizarse a sí mismo.

Al carlismo también le llegaron aires de renovación de la mano de un grupo de personas como el propio Carlos Hugo de Borbón y su Secretaría Particular (Ramón Massó, Víctor Perea y otros, de los que luego solo continuó José María Zavala). A este grupo se unieron otras, como Pedro José Zabala y el propio Javier María Pascual. Los aires del Concilio reavivaron las cenizas del carlismo que, mediante la hábil maniobra de sustitución del viejo Francisco López Sanz en la dirección del único periódico que consiguieron salvar de la "quema unificatoria" de Franco y Serrano Súñer, por el joven entusiasta, bien preparado y excelente escritor que fue Pascual, y propiciaron un importante cambio cualitativo en su línea informativa y editorial.

Javier María renovó totalmente la perspectiva del periódico, lo modernizó y, lo que es más importante, le dio aire fresco, afrontando con valentía y dentro de los escasos límites que le imponía el régimen, los principales retos políticos, sociales y económicos que tenían planteados Navarra, el Estado español y Europa.

Este sueño fue breve. De 1966 al verano de 1970 se respiraron esos aires en El Pensamiento Navarro y lo percibieron claramente sus muchos lectores, tanto carlistas como de la "oposición democrática" y del propio régimen. En efecto era el único periódico de "provincias", según la despectiva terminología imperial, que se recibía en todos los ministerios del Gobierno español. La historia de esta etapa ha sido contada de forma muy amena, en mi opinión, en el libro escrito por Rosa Marina Errea Iribas aparecido en Navarra en 2007 y editado por Eunate. Su título, "Javier María Pascual y El Pensamiento Navarro. 'Con él llegó el escándalo' (1966-1970)" es bastante explícito al respecto.

La obra se sustenta en la Tesis Doctoral de presentó su autora en la Universidad de Navarra bajo la tutela del profesor don Francisco Javier Caspistegui. Resulta muy interesante como friso de una etapa decisiva para la sociedad de aquella parte de Navarra que entonces acababa de salir de su versión agropecuaria y encaraba un rápido proceso de industrialización y enfrentamiento a los problemas, hasta entonces soterrados, propios (de identidad) y del mundo (de ubicación).

Da la casualidad que quien aquella luminosa (supongo) mañana dijo lacónicamente, tras oír la explosión, "¡el Pensamiento Navarro!", es decir mi padre, era Luis Martínez Erro, consejero del mismo y la única persona de su Consejo de Administración que se opuso, por un lado, a la destitución de Pascual como director y, por otro, que acató las órdenes del carlismo para poner sus acciones, de las que nunca se consideró titular sino sencillamente fideicomiso, a la disposición de su organización.

Aunque en esa etapa yo vivía en Madrid, estaba suscrito al "Pensamiento" y mantenía un fluida relación con mi padre que incluía, cotidianamente, los pesares y cuitas de ambos (de Javier María y de mi propio padre que en tantas ocasiones le sirvió de "paño de lágrimas" ante la postura cerril, integrista y destructora del resto del Consejo).

Cuando el pasado sábado, 16 de febrero de 2008, me tropecé casualmente, en las calles de Iruñea con Juan Indave Nuin, sustituto de Javier María en la dirección del diario y que tan activamente colaboró en la campaña para su desprestigio, sentí pena. Por él y por todos los que posibilitaron que ese proyecto se hundiera, arrastrando el periódico a la quiebra y ruina. No creo que Indave me reconociera.

Sobre el libro de Errea Iribas opino que es clarificador, aunque su autora manifieste una clara toma de partido a favor de Javier María Pascual a la que me adhiero cumplidamente, sobre todo para la comprensión de esos años cruciales en Navarra y en todo el Estado español, tal como ya he indicado anteriormente.

En el aspecto formal, pienso que la conversión de tesis a libro se podía haber mejorado, haciendo su lectura más amena, ya que en ocasiones peca de repetitiva. Los documentos que aporta son muy interesantes y muchos de ellos inéditos (los del propio fondo de Javier María Pascual). Alguna de las fotos que aparecen, como por ejemplo la de Pascual con don Javier con Montejurra como fondo, fueron tomadas por mi padre.

Siempre me quedará el interrogante: su inequívoca expresión ¿fue simple intuición de Luis Martínez Erro, a la vista del encono y violencia a la que se había llegado en el asunto del periódico?, ¿sabía algo? Supongo que nunca lo sabremos.

Mi padre falleció en 1995 y Javier María Pascual en 1998.

Sirvan estas líneas de homenaje a ambos navarros que, desde su carlismo militante, procuraron servir a su pueblo del mejor modo al que imaginaron tenían acceso, en aquellos tiempos y en sus respectivas situaciones.

PUNTOS….

Desde hace muchos años en países cuyo sentido de la democracia y cuidadoso respeto a la democracia esta fuera de toda duda, en sin ir mas lejos Suecia, determinadas conductas en el tráfico con resultado lesivo para las personas son motivo de penas con privación de la libertad (cárcel). En España, por el contrario, siempre ha sido muy reducido, mínimo, el número de situaciones con tal resultado punitivo, y es mas, hasta es excepcional que en los procedimientos menores, los penalmente conocidos como “faltas”, se haya de entregar el carné de conducir, perdida que solo es inexcusable en las condenas por comisión de delito.

¿Cuál es la razón de tanta benignidad?, pues que a lo que ha quedado reducida la controversia judicial en tales procedimientos menores es a la cuestión indemnizatoria, razón por la que el autor de un ilícito penal menor solo se ve afectado directamente por una multa nada importante en tanto en cuanto que la compañía aseguradora de su vehículo no haya llegado a un acuerdo respecto a la indemnización, que si se alcanza tal transacción ni tan siquiera se celebra la vista del procedimiento judicial, y a veces se trata de accidente con resultado de muerte o de tetraplejia -no originada en imprudencia grave, claro está-. Con ello, con esa casi impunidad garantizada por las entidades aseguradoras que alcanzan normalmente un acuerdo económico previo, se fomenta en el conductor la irresponsabilidad en el proceder y hasta la insensibilidad en cuanto a sus consecuencias.

A lo anterior habría que añadir otros factores que agravan la criminal estadística de muertos y heridos en carretera cada fin de semana, especialmente entre gente joven (un 30 % del total y casi indefectiblemente las madrugadas siguientes a viernes y sábados) como consecuencia del permisivo consumo de drogas legales e ilegales, algo que no se remedia, naturalmente, con campañas en los medios ni con “carreras contra la droga”.

Posiblemente -aún habrá que verlo- con el actual sistema del “carné por puntos” se reduzca en algo la trágica estadística semanal, pero son otras medidas paralelas las que habría que aplicar enmarcadas en combatir algo tan genérico pero definitorio como es lo que podríamos llamar “conducta antisocial”, proceder cuyo origen hay que buscarlo en el sistema consumista en el que en parte fundamental se asienta la sociedad capitalista que explota, aliena y, por inexcusable derivación, mata. Una conducta que por ser el detritus de un plural negocio que mueve miles de millones es, hoy por hoy, imposible de erradicar. Mientras, habrá puntos a descontar y las aseguradoras incrementaran sus resultados gracias al nuevo seguro para paliar las consecuencias económicas de la retirada del carné.

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN DEMOCRACIA

La concepción estándar de los medios de comunicación es que estas instituciones tienen por misión formar e informar de manera crítica e imparcial al ciudadano para que este pueda tomar decisiones racionales respecto de los temas que le afecten.

En las sociedades liberales democráticas los medios de comunicación han de crear la ilusión de que actúan bajo los más grandes principios morales para denunciar la corrupción, la injusticia, el totalitarismo, etc.; que están al servicio de la verdad y que son abanderados en la crítica al poder. Pues bien, no es así. La realidad es muy diferente.

En una sociedad dominada por los negocios los medios de comunicación tienen dos funciones básicas: una es adoctrinar a las elites, es decir, asegurarse que tienen les idees adecuadas i que saben como servir al poder, puesto que la gran mayoría de estas elites pertenece a les clases dirigentes, que son las que toman las decisiones. La otra consiste en alienar i marginar al resto de la población de manera que no interfiera en las decisiones. La prensa amarilla, el sexo, el deporte espectáculo, la telebasura, etc., son los instrumentos utilizados para este fin.

Contrariamente a lo que pueda parecer los periódicos no ganan dinero directamente de la venta de ejemplares. Pierden. El interés por las audiencias es porque un aumento de éstas eleva les tarifas de publicitad.

Los medios de comunicación actúan como un negocio más, con esa lógica, la obtención de beneficios. Los principales medios, son grandes empresas y forman parte de conglomerados aún más grandes (Time-Warner, Vivendi,….Prisa, etc.) que obtienen beneficios astronómicos, forman parte del poder real y contribuyen a la perpetuación del statu quo.

Los medios de comunicación, como las empresas, tienen un producto que vender (las audiencias) i un mercado al que quieren vender (los anunciantes). De esta manera la imagen que darán del mundo, será aquella que satisfaga las necesidades de los compradores los vendedores i el mercado.

Lo que hacen los medios es tomar el conjunto de ideas básicas del sistema y presentar la información dentro de ese marco limitado al servicio del poder privado y mediante la selección, la configuración y la interpretación que se da, reforzarán estas ideas en la mente de les personas como la gama total de opiniones existentes. De esta manera marginarán i eliminarán la discusión crítica autentica i racional.

En las sociedades democráticas no es la censura directa del poder lo que asegura que los medios presenten la información dentro de un marco al servicio de las instituciones dominantes. Hoy el mecanismo es mucho más sutil y más perverso aún de lo que George Orwell escribió en el prologo de su novela “Rebelión en la granja” (una sátira del totalitarismo soviético). En él Orwell habla de la censura en Inglaterra i dice: “El hecho más lamentable en nuestro país ha sido principalmente de carácter voluntario. Las ideas impopulares, según se ha visto, pueden ser silenciadas y los hechos desagradables ocultarse sin necesidad de ninguna prohibición oficial, (…) no porque el gobierno las prohíba, sino porque existe un acuerdo general y tácito sobre ciertos hechos que “no deben” mencionarse. Esto es fácil de entender mientas la prensa Británica siga tal como está: muy centralizada y propiedad, en su mayor parte, de unos hombres adinerados que tienen muchos motivos para no ser demasiado honestos al tratar ciertos temas importantes. (...) Su origen está claro: en un momento dado se crea una ortodoxia, una serie de ideas son asumidas por las personas bienpensantes y aceptadas sin discusión alguna. No es que se prohíba decir “esto” o “aquello” es que “no está bien” decir ciertas cosas (…) Y cualquiera que ose desafiar aquella ortodoxia se encontrará silenciado con sorprendente eficacia”.

Es decir, existe todo un complejo sistema que acaba por asegurar la supresión de las idees disidentes o su marginación. En este sentido el sistema educativo i de formación profesional es un filtro que descarta a las persones insumisas, independientes, i que piensan por si solas. Quien llega a directivo, redactor jefe, articulista, tertuliano o a convertirse en una estrella mediática, lo más probable es que haya interiorizado los valores de la cultura dominante. Estos profesionales tendrán toda la libertad para decir lo que quieran, porque lo que ellos dicen es lo que el poder quiere.