BOLONIA: OTRA VUELTA DE TUERCA.

En la sociedad actual el poder real no está en el sistema político sino en la economía privada. El sistema político liberal democrático no es sino un mero gestor de los intereses privados del poder económico.
La necesidad institucional del sistema es mantener el dominio y la rentabilidad del capital. La prioridad de la empresa privada es aumentar la cuota de mercado y de beneficios, su necesidad el crecimiento continuo para no ser eliminada o absorbida.
Esta dinámica lleva al exceso de producción y al exceso de capital, capital ocioso al que hay que darle salida. Absorbida toda la producción industrial y controlados los recursos naturales y la comercialización agrícola, el capital tiene que buscar nuevas formas de acumulación desplazándose bien hacia la especulación, (aumento artificial de los precios) creación de “burbujas”, (con el consiguiente resultado de todos conocido) y o hacia nuevos tipos de actividad susceptibles de hacer beneficios. Los servicios públicos.
En el último cuarto del siglo pasado, promovido por las corporaciones económicas y avalado por las instituciones multilaterales: BM, FMI, GATT-OMC, (al servicio del capital transnacional) renace la ideología del “laissez faire”, el neoliberalismo.
Con la llegada al gobierno británico de los conservadores, Margaret Thacher, comienza un proceso de privatización de los servicios públicos, al que se irán adhiriendo el resto de países al amparo de los postulados del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, (GATS en sus siglas en ingles) del GATT-OMC, que trata de convertir en comercio liberalizado (privado) toda actividad humana, incluyendo transportes, comunicaciones, educación, sanidad, servicios sociales etc. Haciendo desaparecer todo servicio público, que tanto costo de conseguir a lo largo de los años y duras luchas de la clase trabajadora.
El plan Bolonia es un eslabón más de esta cadena de privatizaciones que trata de poner la universidad al servicio de los intereses del capital dominante, como ya se ha hecho en las enseñanzas medias con la concertación. Hoy las redes privadas dominan el sector, cobrando de forma abusiva lo que se supone un servicio público gratuito, filtrando, segregando y adoctrinando al alumnado como les conviene y detrayendo recursos a la enseñanza pública, convirtiendo ésta en un gueto para alumnos y profesores.
Financiado por bancos y empresas, el “Informe Bricall”, (Informe Universidad 2000 de la Conferencia de Rectores) redactado son un lenguaje eufemístico y para camuflar lo que realmente se pretendía: separar la universidad del sistema educativo y ponerla al servicio de la empresa y el mercado. Este informe sirvió de base a la LOU del gobierno de Aznar, (protestada por Zapatero, pero desarrollada por su gobierno) que introduce los cambios en la línea mercantilista que, con la excusa del plan Bolonia, se está imponiendo. No es gratuito que la ministra del ramo sea una importante empresaria que perteneció a la junta directiva de la CEOE.
Bolonia es una farsa, lo que el gobierno dice que es Bolonia, no se sostiene. La convergencia europea es una quimera. Las principales universidades europeas no están dispuestas a renunciar a sus programas. La homologación va ha tener que seguir los mismos costosos tramites de siempre, la disparidad es colosal, no existe ningún catalogo ni directriz general que cada carrera deba seguir.
En vez de abordar el problema de la universidad en serio, realizando las reformas necesarias y asumir los costes que ello signifique, lo que se hace es partir las carreras para abaratar costes y suprimir aquellas que no sean rentables. No habrá licenciaturas ni diplomaturas, solo grados generales, la especialización se hará a trabes de master que decidirán las empresas en función de sus intereses Según declaraciones del Secretario de Estado de Universidades, Marius Rubiralta, “si una universidad va a cerrar no será por Bolonia, será por el mercado”. Supeditando la financiación universitaria al interés empresarial, y haciendo que éstas compitan entre sí por la financiación.
Los consejos sociales de las principales universidades, que tienen la prerrogativa de aprobar los presupuestos y decidir sobre los planes de estudios, están presididos por importantes empresarios y altos cargos directivos de la banca privada.
Bolonia supone: una progresiva privatización de la universidad pública; la subida de las tasas de matriculación, postgrado y master; la imposibilidad de compaginar trabajo y estudios; organización, contenidos, formación y practicas, (estudiantes trabajando gratis) a merced de las empresas; la transferencia de dinero público a manos privadas; la sustitución progresiva de becas por prestamos renta; (hipotecando y discriminando a las clases trabajadoras).
En definitiva, Bolonia subvierte los conocimientos, los saberes básicos y la investigación para satisfacer las demandas del mercado, beneficiando exclusivamente la economía privada, desmantela las redes de investigación al servicio de la sociedad, retrotrae la formación y la educación a épocas anteriores a la ilustración y el socialismo erradicando el concepto de educación pública.
En vez de abrir un debate serio sobre la problemática de la universidad, el gobierno está haciendo una campaña de propaganda con la complicidad de académicos, tertulianos, periodistas y medios, desacreditando las voces criticas y criminalizando las protestas.