EL OTRO 0´7

Era de esperar que de la aparente crispación Gobierno-Iglesia se pasaría a la entente cordiale que presenciamos. Además, ya en estas páginas y en varias ocasiones lo hemos anunciado. Se trata tan solo de un pago gubernamental por “servicios prestados” (y a prestar, véase, por ejemplo, la reciente y reconocida intervención de Uriarte, obispo de San Sebastián, en el abandono de la para el gobierno incomoda primera huelga de hambre de De Juana Chaos) para el tema “eje” del gobierno Zapatero y del que este espera lograr grandes resultados de afianzamiento cuando tras obtenerse una provisional “paz” en el tema vasco, de siempre incierta y difícil consolidación, considere que ha llegado el momento propicio para disolver el parlamento y convocar elecciones generales, algo que ya tímidamente ha apuntado la SER y que entra en la práctica habitual de la mas elemental estrategia política. Un supuesto que aun cae en el terreno de lo muy imaginario.

Dos eran los temas pendientes para la normalización de las relaciones con la cúpula eclesial: la financiación de la Iglesia y la enseñanza de la asignatura de religión en los colegios. Del primero se ha anunciado que para lograr la autofinanciación se pasaría del actual 0´52 % al 0´7 % en la voluntaria aportación prevista en la declaración anual a Hacienda, aunque sin embargo la Iglesia debería declarar el IVA, según exige la UE, con lo que se han alzado voces dentro de la propia Conferencia Episcopal en el sentido de que era un mal acuerdo (parece ser que el tema se solucionara con método similar al practicado en Portugal: la Iglesia declara el IVA, pero después el Estado le devuelve la cantidad declarada). En cuanto al otro, a la enseñanza, tan solo parece previsto que se dejará una cierta libertad en los colegios para programar la clase de religión, aunque sin establecerse unas normas básicas que impidan un discriminador capricho por parte de la dirección de tales centros; la cuestión reside en el hecho de si solicitar la enseñanza de la religión para un hijo, y no ser esta valuable y, por consiguiente, alternativa de otra materia o que se pueda ir a casa, ese hijo se verá “castigado” con una hora y media semanal de mas clase por el solo hecho de ser religioso. Estas discriminaciones, al menos hasta ahora, parecían incompatibles con la práctica democrática de cualquier país, esperemos que se respete la democracia y se evite el agravio comparativo para el alumno religioso.

Tras el anuncio del aumento al 0´7 % de la aportación voluntaria anual para la Iglesia católica hubo voces que igualmente protestaron, y no les faltaba razón porque en definitiva tal aportación conlleva una declaración de fe religiosa determinada, y ello es anticonstitucional. Por otra parte si a la Iglesia se le reconocen una serie de fines sociales altamente benéficos, de servicio a la sociedad, debería ser libremente subvencionada por el Estado del mismo modo que lo son los partidos políticos, los sindicatos (conculcándose con tal práctica su independencia) y hasta las actividades deportivas de todo tipo. O todos o ninguno. Y naturalmente, con todo derecho, las ONG que también han solicitado que lo destinado de forma voluntaria a sus actividades suba igualmente al 0´7, es lo justo. En cuanto a las demás confesiones religiosas se han hecho publicas opiniones distintas, porque si es verdad que todas las confesiones han de estar en pie de igualdad y, por consiguiente, también sus fieles han de tener derecho a destinar un 0´7 % a su organización religiosa, igualmente lo es que para ellas (excepto para la judía, que no hace proselitismo) España es “tierra de misión” y por consiguiente sus adeptos son receptores de abundantes ayudas de otros ricos centros del extranjero, con lo que de producirse una situación de igualdad con la Iglesia católica respecto a tal aportación anual, la situación sería discriminatoria, por lo que se podría hablar hasta de un “enriquecimiento injusto” excepto en el caso de que se les exigiese una completa declaración de “donativos” recibidos y que así se lograra una justa situación distributiva.

Pero todo esto son disquisiciones al hilo de un hecho trascendental, y es que la Iglesia Católica se va a autofinanciar, algo que no se producía desde 1837 en que el Estado inició su política de ayuda económica. Tal vez para compensar el inmenso daño producido por el mismo Estado no solo como consecuencia de las desamortizaciones que afectaron también al comunal municipal, originando una despiadada burguesía capitalista, sino del incalificable robo y destrucción de bienes culturales eclesiásticos con la excusa de subvenir a los gastos ocasionados por la primera guerra carlista. Como ilustración de aquel incalificable hecho reproducimos los dos primeros artículos del Real Decreto de 18 de octubre de 1837, suficientemente clarificador de tan salvaje y destructor latrocinio.