sábado, 12 de julio de 2008

POLVORA DE REY

Es normal emplear los términos “tirar con pólvora de rey” para dar a entender que se está poniendo poco juicio a la hora disponer del dinero público. Lo cual se hace con bastante frecuencia.

El año pasado, y aún antes, los analistas económicos esperaban la llegada de una crísis económica y se hablaba de la necesidad de prevenir la época de vacas flacas. Pues bien, en el pasado mes de septiembre, cuando las crisis inmobiliaria y financiera estaban a la puerta y parecía más lógico adoptar medidas de ahorro y de defensa, el diario El Mundo publicaba que durante meses el Banco de España había procedido a la venta en todo el mundo de 7,7 millones de onzas de oro por un total de 3.500 millones de euros. De esa cantidad se consideraba que las plusvalías ascendían a 2.500 millones.

Según nuestros cálculos, se había vendido el oro a 454,5 euros la onza. Hoy el precio de la onza es de 943 dólares –no hace mucho llegó a rebasar los 1000 dólares- y el euro equivale a 1,57 dólares. Ello quiere decir que actualmente la onza de oro vale 600 euros, lo que supondría que los 7,7 millones de onzas valdrían mas de 4.624 millones de euros y las plusvalías serían de 3.624 millones de euros. Lo que demuestra que las autoridades económicas españolas no han sido muy diligentes ni han obrado como un buen padre de familia. Es decir ni previeron la crisis económica, ni adoptaron la medida de guardar para los tiempos de las vacas flacas, de manera que somos más pobres de lo que podríamos ser en mas de 1.100 millones de euros por una mala gestión de los recursos del Estado.

Tampoco administraron bien los gestores de la Seguridad Social cuando según el Tribunal de Cuentas del Reino, máximo organismo fiscalizador del Estado, nedió a los arrendatarios inmuebles al 29% de su valor en el año 2005, habiendo detectado el Tribunal fiscalizador que las ventas se hicieron con falta de transparencia. Así, se dice en el informa que “en algún caso, este precio llegó a representar únicamente el 29% del valor del mercado, sin que los informes de tasación aportados en el expediente expliciten las circunstancias personales aplicables a cada arrendatario y sin que la Tesorería haya acreditado el cumplimiento de determinados requisitos legales de las enajenaciones de inmuebles, como informes jurídicos previos, o ni siquiera la pertinente autorización ministerial.”

Estos ejemplos nos dan idea de los modos de actuar de nuestras autoridades. Esperamos que en la próxima legislatura se atienda más al bien común de los españoles y se tenga más cuidado en las decisiones de nuestros responsables económicos.

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