Prácticamente, de repente, lo que era una ralentización del crecimiento, una crisis pasajera que afectaría a la economía española, se ha convertido en una crisis dura y duradera. Nos han dicho que la economía española no tiene nada que ver con la griega, pero el Gobierno sedicente socialista de Rodríguez Zapatero nos ha impuesto unas medidas restrictivas parecidas: un ajuste duro. Ante esta situación el Partido Carlista expresa su posición contraria a esas medidas pues no todos tenemos la misma responsabilidad.
Por eso:
Que la crisis la paguen los que la han causado: los bancos.
Si el Gobierno no quiere hacerles pagar la crisis, que la pague él mismo rebajándose en un 50% los sueldos, empezando por la casa real y siguiendo por todo el Gobierno, asesores, consejeros, altos cargos públicos, cargos de libre designación, cargos de confianza, diputados, senadores, jueces…
Eliminación de las cesantías, incompatibilidad real de cobro de dos o más sueldos de la Administración, eliminación del 50% de los automóviles oficiales.
Adecuación de las pensiones de los políticos a los requisitos y límites de la Seguridad Social.
Reducción del 70% de las subvenciones a los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales etc.
Aumento del número de inspectores de la Hacienda Pública que hagan aflorar la economía sumergida, los fraudes del IRPF, los fraudes en las empresas y en los profesionales autónomos.
Recuperación del impuesto de patrimonio.
Impuesto para las transacciones financieras internacionales.
Recorte de los gastos militares, traer las tropas de Afganistán.
Reforma de la Ley Electoral, desechando el Sistema d´Hont en el reparto de escaños, buscando una proporcionalidad real que acabe con este bipartidismo absorbente y con la propaganda a cargo de los fondos públicos, favoreciendo las listas abiertas.
Si el Gobierno no quiere hacerles pagar la crisis, que la pague él mismo rebajándose en un 50% los sueldos, empezando por la casa real y siguiendo por todo el Gobierno, asesores, consejeros, altos cargos públicos, cargos de libre designación, cargos de confianza, diputados, senadores, jueces…
Eliminación de las cesantías, incompatibilidad real de cobro de dos o más sueldos de la Administración, eliminación del 50% de los automóviles oficiales.
Adecuación de las pensiones de los políticos a los requisitos y límites de la Seguridad Social.
Reducción del 70% de las subvenciones a los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales etc.
Aumento del número de inspectores de la Hacienda Pública que hagan aflorar la economía sumergida, los fraudes del IRPF, los fraudes en las empresas y en los profesionales autónomos.
Recuperación del impuesto de patrimonio.
Impuesto para las transacciones financieras internacionales.
Recorte de los gastos militares, traer las tropas de Afganistán.
Reforma de la Ley Electoral, desechando el Sistema d´Hont en el reparto de escaños, buscando una proporcionalidad real que acabe con este bipartidismo absorbente y con la propaganda a cargo de los fondos públicos, favoreciendo las listas abiertas.
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